4 de Agosto de 2010 | 10:47 am por Alessandra
En Arica se lanzó la Cuarta “Campaña Nacional Soy Migrante, Tengo Derechos”
La iniciativa, que también se realizará en Iquique, Antofagasta y Santiago, busca sensibilizar a los nacionales y a los servicios públicos en el respeto de los derechos y dignidad de las y los inmigrantes, principalmente de origen andino, quienes son frecuentemente discriminados.
La Fundación Instituto de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Chile, el Instituto Chileno Católico de Migración y la Casa de Encuentro de la Mujer de Arica, con el co-financiamiento de la Unión Europea y el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Arica, realizaron esta mañana el lanzamiento de la “Cuarta Campaña Nacional Soy Migrante, Tengo Derechos” en dependencias de la municipalidad.
En el evento las instituciones organizadoras hicieron un llamado a las autoridades nacionales a destinar fondos para garantizar la protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile.
La necesidad de modernizar la política migratoria, eliminar la visa sujeta a contrato, suspender las expulsiones por infracciones migratorias, ampliar las visas temporarias, especialmente en el caso de la triple frontera, son algunas de las demandas que la Fundación Instituto de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Instituto Chileno Católico de Migración y la Casa de Encuentro de la Mujer de Arica, hacen al Estado en el marco de la “Cuarta Campaña Nacional Soy Migrante, Tengo Derechos” que se lanzó este miércoles 4 de agosto en Arica y que se reproducirá en Iquique, Antofagasta y Santiago entre el 4 de agosto y el 31 de octubre de este año.
Su objetivo es sensibilizar a los nacionales y a los servicios públicos en el respeto de los derechos y dignidad de las y los inmigrantes, principalmente de origen andino, quienes son frecuentemente discriminados y afectados por actitudes xenófobas. La campaña incluye formación en liderazgo para inmigrantes latinoamericanos, capacitación de funcionarios en calidad de atención y redes de colaboración intersectorial, charlas sobre derechos, orientación jurídica, un Concurso de Tesis de Grado, un Premio a la Contribución del migrante latinoamericano, 9 sposts de radio, cuatro de los cuales son protagonizados por Juanita Parra, baterista del grupo Los Jaivas, y afiches callejeros con el slogan “Soy Migrante, Tengo derechos” que justamente apunta a eliminar las discriminaciones por origen nacional o étnico.
Entre los problemas de xenofobia más frecuentes que enfrentan los inmigrantes latinoamericanos en Chile, los más preocupantes son los abusos laborales que se expresan en la no realización de contratos de trabajo, el no pago de imposiciones, ofertas de empleo informal que no respetan el sueldo mínimo ni al Código Laboral. Otra de las dificultades severas es el acceso a los servicios públicos y al sistema de protección social. En el ámbito de la salud, por ejemplo, es usual que las embarazadas sean rechazadas en los consultorios por carecer de cédula de identidad, esto a pesar del Oficio Nº 6.232 que el Ministerio de Salud dictaminó en 2007 para garantizar el control de embarazo y atención del parto aunque la mujer no se encuentre con su situación migratoria al día. Muchas de ellas, así como los propios funcionarios públicos, desconocen la alternativa de la Visa por Embarazo, definida como un permiso de residencia temporal que se otorga en estos casos para garantizar el ingreso de las mujeres embarazadas al sistema de salud y cuyo único requisito es presentar en Extranjería un certificado médico que acredite la gravidez. Este funcionamiento errático del sistema se traduce en que las mujeres buscan parteras que las atiendan o, si logran ingresar al sistema de salud, recién son atendidas en el último trimestre del embarazo.
La experiencia realizada en Arica con las Escuelas de Liderazgo y Ciudadanía, donde este fin de semana participaron 36 inmigrantes latinoamericanos, demostró ser un contundente espacio de capacitación, formación de habilidades y generación de redes de apoyo. Muchos de los participantes manifestaron sentirse más seguros e informados y con mayor claridad respecto de cómo funciona el sistema nacional. Por fu parte, los funcionarios de los diversos servicios públicos y de organizaciones sociales que asistieron a la Escuela de Formación de Agentes Estatales y de la Sociedad Civil, señalaron como una de las principales dificultades la falta de articulación y de criterios comunes para resolver la entrega de servicios a la población inmigrante, así como la carencia de información específica que oriente a los funcionarios que brindan atención directa y presupuesto para materiales dirigidos a las y los migrantes.
En respuesta a estos pendientes, las instituciones organizadoras elaborarán antes de fin de año un documento recomendaciones de políticas públicas con miras a iniciar en el seno de la sociedad chilena un debate amplio –legisladores, Estado y sociedad civil– que permita avanzar hacia la consolidación de una nueva norma migratoria inclusiva, moderna, que promueva la integración, la interculturalidad, la erradicación del racismo y la xenofobia, así como la puesta al día de Chile respecto de los acuerdos internacionales sobre la materia.
Carmen Torres, Directora Ejecutiva de Fundación instituto de la Mujer, insistieron en la “necesidad de actualizar la política migratoria a la realidad política, legal, económica y social de Chile en el 2010”. Además, señalaron la urgencia de establecer modificaciones que pueden aplicarse en la actualidad, entre ellas: sustituir la actual visa sujeta a contrato por una visa temporaria que permita la movilidad laboral; eliminar, en el caso de modificación de categoría migratoria, el requisito de presentar documentos que dependan de terceros, tales como certificados de imposiciones o finiquitos, sustituyéndolos por documentos que dependan del propio migrante.
Indicaron, también, la necesidad de aplicar, en la atención al migrante, un concepto amplio de familia que garantice el principio de reunificación familiar, así como crear servicios especializados que garanticen la adecuada actuación del Estado en la protección de derechos y en la difusión y acceso a programas y servicios públicos. Por último indicaron la necesidad de suspender las expulsiones –cada deportación implica grandes gastos para el erario nacional- hasta la reformulación de la actual norma migratoria.
“Las personas migrantes son las primeras interesadas en conocer y ejercer sus derechos y responsabilidades, nos corresponde a las instituciones públicas y privadas dar cabida a sus demandas, incluirlas en las acciones y programas que se desarrollan, considerando las diferencias, y permitiendo equivalencias entre sistemas educativos, de pensiones, de salud, entre otros” finalizó.
