Lanzamiento oficial del proyecto

3 de Junio de 2010 | 6:27 pm por Carmen

El sábado 5 de junio de 2010 lanzaremos oficialmente el proyecto “Ciudadanía y protección

de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile”, el que se viene desarrollando

desde enero de 2010. La invitación es para todas las personas inmigrantes, sobre todo las

que provienen de países latinoamericanos y caribeños, así como para integrantes de

organismos gubernamentales, internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que se

interesan por el tema de la migración y los derechos humanos de la población inmigrante. !

Les esperamos !


Comentarios recibidos:

Rosa Dice:

Junio 4th, 2010 at 12:41

Quiero saber si van a entregar la Guía de apoyo en el lanzamiento. Gracias.

Sí, a todas las personas que asistan al lanzamiento. Gracias por tu interés.
Carmen Torres
Coordinadora del Proyecto

Organizaciones del proyecto Ciudadanía y Protección de los Derechos Humanos de la Población Inmigrante en Chile proponen modernizar las normas migratorias

31 de Mayo de 2010 | 6:53 pm por Carmen

Vista general de la presentación del proyecto

Vista general de la presentación del proyecto.

Más de 80 personas asistieron al lanzamiento oficial del proyecto (Fotografía: Jesús Inostroza)

Más de 80 personas asistieron al lanzamiento oficial del proyecto.

Flavio Debique (Incami) y Claudia Dides (Flacso) dieron inicio al evento (Fotografía: Jesús Inostroza).

Flavio Debique (Incami) y Claudia Dides (Flacso) dieron inicio al evento (Fotografía: Jesús Inostroza).

Yhoseline Cáceres, de Colombia, participante de una de las Escuelas de Ciudadanía y Liderazgo.

Yhoseline Cáceres, de Colombia, participante de una de las Escuelas de Ciudadanía y Liderazgo.

Carmen Torres, del Instituto de la Mujer.

Carmen Torres, del Instituto de la Mujer.

Helena Olea, del Centro de DDHH de la UDP.

Helena Olea, del Centro de DDHH de la UDP.

Mujeres inmigrantes formaron parte de la asistencia.

Mujeres inmigrantes formaron parte de la asistencia.

(Santiago, 5 de junio 2010). La necesidad de modernizar las actuales normas migratorias, eliminar la visa sujeta a contrato y suspender las expulsiones, son algunas de las demandas que la Fundación Instituto de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Instituto Chileno Católico de Migración y la Casa de Encuentro de la Mujer de Arica, hacen al Estado para que se retome la formulación de una política migratoria moderna, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile.

Las instituciones señalaron que durante el gobierno de Michelle Bachelet se desarrolló un anteproyecto de ley que prometía resolver los desafíos de la migración en el Chile de hoy (la norma vigente data de 1975), pero que la sociedad civil no tuvo acceso a él y nunca fue ingresado al Parlamento. La indefensión y discriminación que sufrió la población inmigrante con ocasión del terremoto, vuelve a señalar la urgencia de que Chile se ponga al día en esta materia. De allí el emplazamiento al Gobierno de la Sebastián Piñera para reponer la conformación de un Consejo de Política Migratoria.

El planteamiento fue expuesto en el lanzamiento oficial del proyecto “Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile”, desarrollado por las instituciones ya señaladas y que cuenta con el co-financiamiento de la Unión Europea. Este, que se inició en enero de 2010, incluye actividades en las regiones de mayor significación en la ruta migratoria hacia nuestro país: Metropolitana, Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y busca integrar la formación en liderazgo, la mejora en la calidad de atención de los servicios públicos y la erradicación de la xenofobia.

Durante el proyecto se desarrollarán siete Escuelas de Ciudadanía y Liderazgo (ECL), dirigidas a inmigrantes latinoamericanos –especialmente provenientes de países de la región andina, como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia– en las que se abordan módulos de integración, titularidad de derechos, liderazgo y género, en la perspectiva de fortalecer herramientas que les permitan ejercer sus derechos humanos en Chile.

Respecto a calidad de atención, el proyecto contempla la realización de cinco Escuelas de Formación de Agentes Estatales y de la Sociedad Civil orientadas a funcionarios de servicios públicos, voluntariado y profesionales de instituciones privadas y ONG que brindan atención estatal, humanitaria o de intervención psicosocial a las personas inmigrantes. El objetivo es abordar las dificultades que experimentan los distintos servicios en el ejercicio de su quehacer, entregar información fidedigna respecto de las medidas gubernamentales implementadas para integrar a la población migrante al sistema de protección social, fortalecer la aplicación de buenas prácticas y motivar la generación de redes de colaboración entre las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Complementariamente, en agosto se iniciará una campaña pública de sensibilización social bajo el lema “Soy Migrante, Tengo Derechos”, que incluye la emisión a nivel nacional de spots radiales, la instalación de afiches callejeros en Santiago, Arica, Iquique y Antofagasta, un concurso de tesis para estudiantes universitarios de pregrado y un premio a la contribución del migrante, que busca rescatar y relevar el aporte socicultural y económico de los inmigrantes en las distintas regiones del país.

Por último, las instituciones que forman parte del proyecto elaborarán un documento de recomendaciones de políticas públicas con miras a iniciar en el seno de la sociedad chilena un debate amplio –legisladores, Estado y sociedad civil– que permita avanzar hacia la consolidación de una nueva norma migratoria inclusiva, moderna, que promueva la integración, la interculturalidad, la erradicación del racismo y la xenofobia, así como la puesta al día de Chile respecto de los acuerdos internacionales sobre la materia.

Helena Olea, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de derecho de la Universidad Diego Portales, y Carmen Torres, Directora Ejecutiva de Fundación instituto de la Mujer, insistieron en la necesidad de actualizar la política migratoria a la realidad política, económica y social de Chile en el 2010. Además, señalaron la urgencia de establecer modificaciones que pueden aplicarse en la actualidad, entre ellas: sustituir la actual visa sujeta a contrato por una visa temporaria que permita la movilidad laboral; eliminar, en el caso de modificación de categoría migratoria, el requisito de presentar documentos que dependan de terceros, tales como certificados de imposiciones o finiquitos,  sustituyéndolos por documentos que dependan del propio migrante.

Indicaron, también, la necesidad de aplicar, en la atención al migrante, un concepto amplio de familia que garantice el principio de reunificación familiar, así como crear servicios especializados que garanticen la adecuada actuación del Estado en la protección de derechos y en la difusión y acceso a programas y servicios públicos. Por último indicaron la necesidad de suspender las expulsiones –cada deportación implica grandes gastos para el erario nacional– hasta la reformulación de la actual norma migratoria.

Preguntas y comentarios del público.

Preguntas y comentarios del público.

Todos querían intervenir.

Todos querían intervenir.